Ideas sobre derecho penal en México

Hace algunas semanas se hizo público el hecho de que varias mujeres han sido privadas de la libertad por la comisión del delito de aborto en el estado de Guanajuato

Más allá de posturas en relación con el tema de si esa conducta (interrupción del embarazo) debe ser sancionada por el derecho penal, lo cierto es que la notica provoca, por lo menos, preocupación.

De diferentes notas periodísticas se conoce que existen varias mujeres sujetas a procedimiento penal por la supuesta práctica de abortos. Mientras no se suprima la figura en la legislación eso no tendría razón para considerarse irregular. ¿Cuál es entonces el problema?

Lo preocupante es que no hay claridad respecto a lo realmente ocurrido. Verónica Cruz Sánchez, Directora del Centro de Atención a la Mujer «Las Libres» (según refieren diferentes textos que aparecen «en línea») menciona que hay 160 mujeres llevadas a juicio, diremos que, por no conocer datos concretos, relacionadas con procedimientos penales. Es una cifra impresionante pues tradicionalmente no es un delito que se persiga a pesar de estar tipificada la conducta.

Las notas  refieren que se sanciona con penas elevadas a mujeres que sufrieron abortos espontáneos, mismos que no son penalmente relevantes, por lo que me atrevo a escribir estas líneas.

Según lo publicado, en relación con la información proporcionada por Cruz Sánchez, 4 mujeres recibieron condenas de hasta 29 años de cárcel. Antes decía que el aborto espontáneo no es penalmente relevante (no es sancionable). ¿Cómo es que una conducta no punible recibe una condena?

Para responder esa pregunta, hay que mencionar que, en términos del artículo 158 del Código Penal de Guanajuato, Aborto es la muerte provocada del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. La sanción para la mujer embarazada es de 6 meses a 3 años de prisión (independientemente de multa) si lo provoca o consiente su realización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 159 del mismo ordenamiento. El artículo 163 del Código en comento prevé que no es punible el aborto causado por culpa de la mujer o si el embarazo es consecuencia de violación.

Así, no está prevista la pena para la mujer por un aborto espontáneo (muerte no provocada del producto de la concepción durante la preñez).

Por tal razón me sorprenden las notas publicadas al respecto. Si no hubo aborto típico (de acuerdo con la descripción del artículo 158 del Código Penal para el estado de Guanajuato), por qué sancionar esa conducta. Recordemos que en nuestro país impera el principio de legalidad en materia penal (exacta aplicación), de conformidad con el texto del tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual no se puede aplicar una pena si no está previamente descrita en una ley penal para una conducta igualmente prevista.

Para que exista aborto punible por parte de la mujer embarazada, en el estado de Guanajuato, se requiere que ésta lo procure (lo lleve a cabo) o lo consienta (acuerdo de voluntades con otra persona para que lo provoque). Si el aborto es espontáneo no encuadra en el supuesto típico por lo que debe abstenerse el Estado de aplicar una sanción.

Por todo lo anterior encontramos que no hay razón, de ser efectivamente espontáneos, para sancionar a las mujeres relacionadas con el tema que nos ocupa por conducta alguna. Sin embargo, lo cierto es que hay varias mujeres encarceladas. Algunas con condenas, a decir de Cruz Sánchez, hasta de 29 años de prisión. ¿Cómo lo explica la autoridad?

También por información difundida en medios de comunicación, se sabe que la Procuraduría del estado de Guanajuato argumenta que no se trata de abortos, sino de homicidios en razón del `parentesco o relación familiar. Estamos ante una figura prevista por el artículo 156 del Código Penal de ea entidad federativa. Consiste, en lo relativo al tema, en la privación de la vida de un descendiente consanguíneo y se sanciona con prisión de 25 a 35 años de prisión.

Hay diferencias claras entre aborto y homicidio en razón del parentesco, por lo que no cabe confusión alguna. Lo primero sería determinar si el producto de la concepción  murió durante la preñez o si ya se había dado el nacimiento. De ser el primer caso, es decir, si la muerte ocurrió durante la gestación, es aborto y para que sea punible debe haberse realizado con dolo (de manera intencional). En caso de que se hubiera nacido y la madre lo privara de la vida se ha hablaría de homicidio en razón del parentesco.

De las notas se desprende (no conozco los expedientes), que se argumenta que fue homicidio porque las mujeres declararon que escucharon a los niños llorar, por lo que consideran que nacieron y por ello no se habla de aborto.

Es alarmante pensar que ese sea el argumento determinante, pues pareciera que, en lugar de haberse determinado científicamente que hubo nacimiento, basta con el dicho de que se escuchó el llanto para dar por demostrado que nacieron.

También llama la atención que haya tanta similitud en los casos que se han hecho públicos. Las mujeres, según se refiere, que sintieron que el producto salió de su cuerpo ya sin vida y posteriormente, los médicos que las trataron denunciaron diciendo que las mujeres dijeron escuchar a los niños con vida. Mucha casualidad para mi gusto.

Considero que se está aplicando incorrectamente la ley, pienso que ante una conducta no penalmente relevante se aplica indebidamente la ley penal, pero que para que no salieran libres y lograr ejemplaridad, se aplicó la figura del homicidio en razón del parentesco para que la sanción impactar a más en la sociedad.

Un ingrediente adicional para complicar las cosas es la propuesta de reforma al Código Penal para el Estado de Guanajuato, pues, según aparece en la página del Congreso de esa entidad Federativa, concretamente en el boletín 398/2010, de fecha 20 de agosto del año en curso, se recibió la iniciativa de reforma para adicionar al artículo 156 atenuantes para el delito de homicidio en razón del parentesco. También se hace referencia en ese boletín a la recepción de un oficio del Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato, recomendando reformas en ese tal sentido.

El problema es, por las mujeres que están siendo sancionadas, si cometieron delito y, en su caso,  de qué delito se trata. No debe ser que para remediar una posible injusticia se modifique la ley penal para liberarlas. Si no cometieron delitos que se les liberen (el Congreso puede decretar amnistía, el Ejecutivo el indulto y, en todo caso queda hasta la posibilidad del reconocimiento de inocencia)

Esas reformas con dedicatoria serán cuestionadas en cuanto a su legitimidad pues se crean para regular situaciones concretas y ya acontecidas, situación contraria a nuestro sistema, en el que las leyes deben ser previas a la conducta y en el que están prohibidas las leyes privativas (reconociendo que la prohibición debe entenderse principalmente para leyes que perjudiquen y no como las que nos ocupan).

El Ombudsman del Estado considera según notas periodísticas a que he tenido acceso, que las conductas si encuadran en la descripción típica de homicidio pero que la pena no es proporcional al bien jurídico tutelado (y frente a otros delitos). Considero que, como dije antes, habría que revisar si efectivamente se acreditó algún delito previo a la reforma al Código Penal. Si quieren hacer la reforma de cualquier manera adelante, pero que no sea para remediar algo y como una medida de corto plazo.

Lo aquí expresado es una simple opinión, no un juicio. Que quede claro que no conozco expediente alguna y se analiza únicamente la información publicada.